La CIDH y varios expertos de la ONU cuestionan los fundamentos y métodos empleados en la reforma que afecta a cientos de jueces y magistrados en el país.
Preocupación internacional: CIDH y ONU evalúan reforma judicial en México
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado serias preocupaciones respecto a la reciente reforma judicial aprobada en México. La comisionada Andrea Pochak, en representación del organismo con sede en Washington, indicó que la CIDH no descarta intervenir en el futuro, dado el impacto de la reforma en el sistema judicial y en la carrera profesional de muchos jueces y magistrados. La declaración se realizó tras una audiencia en la que representantes del Poder Judicial expusieron sus objeciones ante el organismo internacional.
Juezas y magistradas exponen sus objeciones
Liderando la delegación del Poder Judicial que se presentó ante la CIDH, un grupo de juezas y magistradas detallaron los problemas y las afectaciones directas que conlleva la reforma. Por el lado gubernamental, la defensa fue encabezada por Luz Baños, embajadora de México, y José Antonio Montero, director de estudios constitucionales.
Durante la audiencia, Montero explicó que la decisión de destituir a numerosos jueces y magistrados se fundamenta en un programa presentado como parte de la plataforma electoral en junio, aunque admitió la falta de un diagnóstico específico que respalde la medida.
Impacto en las mujeres del Poder Judicial
Uno de los testimonios más relevantes fue el de la jueza Claudia Elena Hurtado, quien habló en nombre de 17 juezas que obtuvieron sus cargos en el primer concurso de oposición para reducir la brecha de género en 2019. Somos funcionarias de carrera judicial, madres y jefas de familia que hemos trabajado arduamente para alcanzar estos cargos. Esta reforma no solo nos afecta laboralmente, sino que trunca nuestros proyectos de vida, señaló Hurtado.
Por su parte, Juana Fuentes, presidenta de la Asociación Mexicana de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), cuestionó la validez de las acusaciones de corrupción como justificación para esta purga masiva de jueces. Fuentes destacó la falta de pruebas y el riesgo de que esta reforma se perciba como una vulneración al debido proceso.
Críticas de comisionados y preguntas sin respuesta
Los comisionados de la CIDH Andrea Pochak y Carlos Bernal expresaron sus reservas sobre el proceso, en particular, la decisión de destituir jueces y reemplazarlos mediante una elección pública. Bernal calificó esta medida como un ejemplo de abuso del constitucionalismo, señalando que podría ser una estrategia para debilitar los contrapesos en el sistema judicial, un fenómeno que considera característico de regímenes autoritarios.
Por otro lado, la comisionada Pochak cuestionó a los representantes del gobierno sobre varios aspectos sin respuesta. Entre ellos, la falta de un diagnóstico claro que justificara esta reforma, así como la ausencia de medidas para evitar la influencia del crimen organizado en las futuras elecciones de jueces. Además, Pochak resaltó la necesidad de establecer garantías para que juristas honestos puedan participar sin riesgo de violencia o interferencia indebida.
Respuesta parcial del gobierno
El gobierno respondió a algunas de las preocupaciones planteadas, explicando que, para evitar la injerencia del crimen organizado, se prohibirá el financiamiento privado a los candidatos y el Instituto Nacional Electoral (INE) asignará tiempo en medios para los participantes. Sin embargo, la pregunta sobre la imparcialidad de los comités que elegirán a los candidatos quedó sin respuesta, generando aún más dudas entre los asistentes.
En este contexto, la magistrada Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, añadió que uno de los integrantes del comité de selección designado por el Congreso fue, hasta el día de su nombramiento, representante del partido Morena en el Instituto Electoral de Tamaulipas, lo que plantea dudas sobre la neutralidad de estos comités.