La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel abrió un nuevo frente de confrontación política. La Fiscalía General de la República lo investiga por su presunta participación en una red relacionada con contrabando de combustibles, conocida como huachicol fiscal. El caso se encuentra en proceso judicial, por lo que todavía no existe una sentencia que determine su responsabilidad.
Ante este escenario, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que Ruffo debe responder y aclarar los señalamientos conforme a derecho, pero pidió garantizar su defensa y evitar que el expediente sea utilizado como instrumento de presión política. La dirigencia panista insistió en que nadie debe colocarse por encima de la ley, aunque tampoco por debajo de las garantías del debido proceso.
El PAN también acusó al Gobierno federal de aplicar un criterio desigual frente a investigaciones que involucran a integrantes de distintos partidos. Romero solicitó revisar los señalamientos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y demandó que las autoridades actúen con el mismo rigor, sin importar la afiliación política de las personas investigadas. Estas afirmaciones representan la postura del partido y deberán contrastarse con las investigaciones oficiales.
Mientras la autoridad sostiene que la investigación contra Ruffo lleva más de un año y está respaldada por indicios sobre operaciones de importación irregular de combustible, familiares y dirigentes opositores han denunciado obstáculos para ejercer su defensa. El desafío para las instituciones será transparentar el proceso, presentar pruebas verificables y demostrar que las decisiones judiciales responden a la ley y no a intereses partidistas.