El uso de drones en actividades criminales representa un desafío creciente para las instituciones de seguridad en México. El reciente aseguramiento de piezas para ensamblar estas aeronaves en Sinaloa volvió a colocar el tema en la agenda nacional y abrió nuevas preguntas sobre la capacidad de detección y respuesta ante su posible utilización ilegal.
Durante la conferencia matutina del 13 de octubre, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que las autoridades han adquirido equipos antidrones fijos y móviles desde 2025. Estas herramientas forman parte de los esfuerzos para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas que puedan representar un riesgo.
El funcionario también explicó que los grupos criminales suelen utilizar drones comerciales y modificarlos para distintos fines ilícitos. En el caso de El Rosario, sin embargo, precisó que las piezas aseguradas no estaban ensambladas ni contaban con mecanismos para liberar explosivos. Tampoco se ha identificado públicamente a qué grupo pertenecía el material.
El caso muestra que el reto no consiste únicamente en decomisar equipos, sino también en conocer cómo se obtienen, para qué se pretende utilizarlos y qué medidas pueden impedir su uso delictivo. Las autoridades deberán mantener la investigación sobre los componentes localizados y evaluar las capacidades necesarias para responder a este tipo de amenazas.